Tras la declaratoria de la Conaie de paro nacional inmediato por el fin del subsidio al diésel, el presidente Daniel Noboa amplió los alcances del último estado de excepción y dispuso toque de queda en cinco provincias.
A través del Decreto Ejecutivo 146, el presidente de la República, Daniel Noboa, extendió los alcances de la reciente declaración de estado de excepción del 16 de septiembre. Chimborazo se suma a las provincias de Ecuador en estado de excepción, que durará 60 días. Las medidas incluyen la suspensión de la libertad de reunión.
Con esto, el presidente declaró el estado de excepción en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y Santo Domingo, por la causal de grave conmoción interna.
Además, Noboa restringe la libertad de tránsito (toque de queda) en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi. El horario va de 22:00 a 05:00.
¿La justificación oficial? Según el mandatario, en estas provincias se ha reportado mayor concentración de obstaculización de vías principales, "impidiéndose el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos, así como, el normal desenvolvimiento de sus actividades personales, económicas, comerciales y laborales".
El Decret mantiene que se respeta el legítimo derecho a protestar pacíficamente, pero que lo ocurrido entre los días 13 y 18 de septiembre (como los cortes de vía y manifestaciones que influyen en el transporte) afecta directamente a la actividad diaria del resto de la ciudadanía.
Además, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán "impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad".
Las personas exentas de cumplir el horario de toque de queda son:
- personal de salud
- servicios de emergencia
- agentes de las fuerzas de seguridad
- algunos funcionarios de la Presidencia y de Ministerios
- transportistas
- personas que tengan que embarcarse en un vuelo
- personas que en el ejercicio de sus actividades económicas abastezcan una cadena productiva.
También permite a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional identificar a los ciudadanos que no estén cumpliendo con la normativa.
